Finalmente, el gobierno reglamentó hoy la ley 27.345, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, que prorrogó la emergencia social hasta el 31 de diciembre de 2019, y que fuera fruto del acuerdo firmado entre las organizaciones sociales y el Ejecutivo.
La medida se oficializa tras sucesivos pedidos por parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, entidades que impulsaron la norma y que reclamaban, justamente, esta reglamentación.
La puesta en marcha de la Emergencia Social establece un desembolso de entre $ 25.000 y $ 30.000 millones, de aquí hasta 2019, que se repartirá en concepto de salario complementario social, entre otros beneficios, para los trabajadores del sector informal que integran estas organizaciones