La Procuradora General Alejandra Gils Carbó opinó ante la Corte Suprema que la prisión preventiva de Milagro Sala es ilegal y que la dirigente social debe ser liberada.
Lo hizo a través de dos dictámenes: en uno de ellos dice que la detención de la dirigente “lesiona la inmunidad de arresto” de la que gozan los integrantes del Parlmento del Mercosur; en el otro advierte que el Superior Tribunal de Jujuy -la Corte local que Gerardo Morales armó a su antojo- no fundamentó los llamados “riesgos procesales” (de fuga o de entorpecimiento de la investigación) que podrían justificar el encarcelamiento. Ahora les toca decidir a los jueces supremos, que no tienen obligación de hacer lo que propone la Procuradora, pero que le pidieron que intervenga sabiendo que no daría una respuesta meramente técnica.
Milagro Sala está presa en el penal de Alto Comedero, en Jujuy, desde el 16 de enero de 2016. Fue arrestada a raíz del acampe que realizaba a modo de protesta frente a la gobernación para pedir por la continuidad de las cooperativas de trabajo tras la asunción de Morales como gobernador. Pero como era imposible que siguiera presa eternamente por esa razón, no bien el juez Gastón Mercau le otorgó la libertad sacó otra resolución que la dejaba detenida por otra causa, por asociación ilícita y fraude, por supuesto desvío de dinero de las cooperativas de trabajo. Luego se agregó otra causa más para justificar encierro, en la que se la acusa de promover una tentativa de homicidio de una niña que quedó atrapada en una balacera entre dos hombres, uno de los cuales (Jorge Rafael Páez) estuvo siete años prófugo y al reaparecer acusó a Sala, quedó desvinculado y ella acusada. De las once causas que brotaron una tras otra con posterioridad a la detención, aquellas dos primeras son las que hacen que siga presa.
