Tras dos años de evaluación, el Gobierno prepara un cambio radical en la política de planes sociales que heredó del kirchnerismo. Con la promesa de que “nadie que cobre un plan va a dejar de cobrarlo”
El objetivo del Presidente Mauricio Macri es que los miles de millones de pesos que cada año el Estado destina a auxiliar a los sectores más vulnerables continúen contemplando una contraprestación por parte de cada beneficiario, pero que ahora se enfoque fundamentalmente en educación y capacitación.
Desde lo político y lo económico, la medida representará un duro golpe a las organizaciones sociales. Implica una quita en los fondos que anualmente reciben del Estado y también en la influencia territorial, ya que el plan dejará atrás el viejo sistema de control de planes por planillas.
En términos técnicos, el plan del Gobierno contemplará la eliminación de los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen y la creación de uno nuevo, “Hacemos Futuro”, que involucre a los beneficiarios nucleados en ambos. Pero va más allá.
Es que el programa tiene dos ejes programáticos. El primero comprende la “Educación Formal Obligatoria”, por lo que los titulares de los planes deberán finalizar sus estudios primarios y secundarios.“A los fines de permanecer en el programa, los beneficiarios deberán acreditar que se han inscripto y se encuentran cursando la educación formal obligatoria”, establece uno de los lineamientos del plan. «Cambiamos el paradigma: de unidades productivas que hacen sillas y mesas (entre otras cosas), pasamos a uno focalizado en brindar autonomía a la persona», dijeron en el Gobierno. El programa contempla cursos de formación formal, superior y/o profesional; y talleres formativos, brindados por organismos, incluso no gubernamentales.
De todos modos, también se convalidarán los proyectos de centros que realicen prácticas, pero con alto impacto público -un punto reclamado por Macri- como obras de infraestructura. La intención inicial del Gobierno fue ampliar la cantidad de entes ejecutores, donde los 261 mil beneficiarios de planes que cobran los $ 4.430 por mes que les paga el Estado realizan alguna actividad a cambio.
Sólo basta con repasar estimaciones oficiales para entender el impacto sobre los movimientos: alrededor de 60 mil beneficiarios de planes pertenecen a organizaciones sociales,como CTEP, CCC y Barrios de Pie. Pero el Gobierno no se quedará ahí.
Sucede que, además, cada uno de los 50 entes de las organizaciones reciben 12.000 pesos al año por cada beneficiario de un plan social, para cubrir costos administrativos, operativos e insumos que necesitan para cubrir las actividades como entes ejecutores. Es decir, en forma global se trata de unos $720 millones. Con este giro, dejarán de recibirlos. Habrá que ver cómo reaccionan. Stanley acordó con Quintana que los fondos que se ahorrarán con este cambio -este año superarán los $1.500 millones- serán destinados a obras de infraestructura para mejorar barrios vulnerables. Ahí sí podrían entrar las organizaciones: a los líderes piqueteros, que pasarán hoy por Desarrollo tras largas semanas de distanciamiento, les ofrecerán ponerse al frente de esas tareas.
