El Presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, presentó durante la jornada de hoy un proyecto de Ley a través de la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados –bajo el número D-5386-2918- para que se caiga el blanqueo de capitales para los arrepentidos de delitos contra la administración pública.
De modo que mediante la iniciativa Gioja buscará la pérdida del beneficio del sinceramiento fiscal de quienes sean admitidos como colaboradores eficaces en caso que se hubieran cometido delitos contra la Administración Pública en nuestro país. La decisión del tres veces gobernador de San Juan fue dada tras cuestionarse: «¿Por qué dar beneficios fiscales y tributarios si confesaron delitos contra el Estado?», se preguntó en referencia a los arrepentidos.
A partir de ello, lo que propone el justicialista es la modificación del Artículo 84 de la Ley 27.260; en el que se enumeran una serie de personas que quedarían excluidas de los beneficios, entre ellas «las que hubieran confesado la comisión, previa a la entrada en vigencia de la presente ley, de alguno o varios delitos en el marco del acuerdo de colaboración celebrado según el régimen de le ley 27.304 (Ley del Arrepentido)”.
“La entrada en vigencia de estos regímenes -blanqueo y arrepentido- ha demostrado la escasa eficacia de sus previsiones normativas. Ello se debe a que el blanqueo otorgó beneficios tributarios y económicos a personas que cometieron irregularidades y delitos. El régimen de blanqueo consolida esa eximición y permite que quien blanqueó luego pueda arrepentirse por la comisión de otro delito y quedar en libertad, pese a que ese otro delito haya sido cometido antes de la entrada en vigencia de la ley 27.260. Se trata, en suma, de dos regímenes que no tienen conexidad y que premian a autores de delitos en detrimento del erario y de la sociedad”, precisó Gioja en los fundamentos del proyecto.
Cabe destacar que, la iniciativa del apunta del jefe del PJ Nacional apunta directamente contra los empresarios arrepentidos en la escandalosa causa de los «cuadernos de la corrupción» que complicó la imagen de la senadora Cristina Kirchner y llevó al Congreso el debate sobre los allanamientos en sus propiedades ordenados por el juez Claudio Bonadio en busca de pruebas, investigación -en la que además- muchos se convirtieron en imputados colaboradores y dieron detalles de los presuntos pagos de millonarias coimas a funcionarios durante la gestión anterior.
