La Subsecretaría de Trabajo intensificará las inspecciones a las empresas para constatar el cumplimiento de las normas legales referidas a trabajo registrado, aportes previsionales y de salud, e higiene y seguridad.
El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, aseguró en conferencia que la Provincia de San Juan está al día con el pago de certificaciones a las constructoras, tras la inquietud planteada por autoridades de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) ante el reclamo de unos 2.000 trabajadores que estarían percibiendo apenas un 30% de sus haberes en blanco, irregularidad que dichas empresas atribuyen a una inexistente demora en pagos de certificaciones de obra por parte del Gobierno.
Ante el planteo del sector gremial y de los trabajadores, el titular del Ministerio de Hacienda y Finanzas se dirigió a la prensa acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Julio Ortiz Andino; el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry y el secretario general de la UOCRA local, Eduardo Cabello.
Gattoni expresó que a pesar de la difícil situación económica por la que atraviesa el país, la Provincia tiene los recursos suficientes para cubrir la totalidad del financiamiento de la obra pública comprometida. Se están pagando en el día los expedientes que llegan a la Tesorería de la Provincia, de manera que no hay ningún atraso en el pago de certificaciones de obra, añadió el ministro.
El funcionario dijo que las empresas constructoras tienen anticipos financieros, cobran en tiempo y forma, dentro de los plazos normados por ley y tienen también la posibilidad reclamar cuando así no ocurriera.
Luego Gattoni enfatizó que no es excusa, aun cuando las empresas cobraran más tarde o fuera de término, para incumplir con las normas legales en cuanto al registro de sus trabajadores y a la integridad de lo que deben pagar en blanco.
Más adelante, el titular de Hacienda dijo que mediante la Subsecretaría de Trabajo se intensificarán los controles a las empresas y se adoptarán las medidas que correspondan para aquellos que no estén cumpliendo con las normas de trabajo registrado. Dichas sanciones podrían llegar a acarrear la suspensión e incluso la cancelación de su participación en la obra pública de la provincia.
A renglón seguido el ministro refirió que la Provincia hace grandes esfuerzos para mantener el empleo, la producción y la economía en marcha; no solamente con la inversión pública sino también con la participación del sector privado, aportando fondos o créditos a tasas subsidiadas para mantener el empleo formal.
Por su parte, el ministro de Infraestructura declaró que un hipotético retraso en el pago de las certificaciones de obra por parte del Gobierno de ninguna manera debería generar despidos de trabajadores.
Para reforzar la idea, Ortiz Andino dijo que desde el comienzo de la actual gestión se ha trabajado intensamente en el área de vivienda, una de las actividades que mayor mano de obra demanda, y que además tiene proyectos en todos los departamentos de la provincia.
El funcionario acotó que en esa planificación se fijó un monto de viviendas cuyo tope fue establecido por Nación, con el único compromiso acordado con todas las empresas de tener a todo su personal registrado. No solamente registrado, expresó luego el funcionario, porque el trabajador puede estar registrado pero en los hechos le marcan pocos días por quincena, de manera que reciben sus haberes parte en blanco y el resto en negro.
Ortiz Andino siguió diciendo que así como la Provincia hace un gran esfuerzo para mantener los niveles de actividad en el sector de la construcción, las empresas también deben acompañar y los trabajadores deben estar totalmente en blanco.
Para ilustrar más sobre el funcionamiento del sistema de contratación y pago de certificaciones a las empresas, el ministro de Infraestructura refirió que las mismas se hacen siempre dentro de los plazos especificados en los pliegos de licitaciones, que son de 60 días. No obstante ello, hay vaivenes en las fechas y hay pagos que se hacen a los 25, 30 ó 40 días, pero nunca se supera el plazo máximo y si se superara, las empresas tienen el recurso de reclamar el pago de intereses, de manera que no se justifica que tengan empleados en negro o parcialmente en negro.
Cabello, secretario general de la UOCRA, indicó que las denuncias formuladas por los trabajadores contra las empresas rondan las 2 mil, sobre más de 10 mil empleados en actividad en el sector público de la construcción.
Más adelante, el subsecretario de Trabajo dijo que las tareas de control a empresas para verificar el cumplimiento de las leyes laborales son constantes y que a partir de lo planteado por la UOCRA se intensificarán aún más los operativos.
Respecto de las sanciones a las empresas que se detecten en infracción, Correa Esbry puntualizó que las mismas dependerán de la irregularidad cometida, pero que pueden ser multas que varían entre el equivalente a medio salario mínimo y vital y móvil y dos mil salarios, en el caso de trabajadores no registrados.
Para la aplicación de sanciones también se considera la envergadura de la empresa, capacidad económica y cantidad de personal, entre otros aspectos.
En la parte final de la conferencia de prensa, Gattoni puntualizó que si bien la crisis que afecta a la economía nacional también golpea al sector empresario con el constante incremento de precios de materiales, en casi tres años de gestión la Provincia no ha recibido reclamos de parte de las constructoras en relación a demoras y mucho menos faltas de pago de las certificaciones por las obras que ejecutan.
Para concluir, el ministro de Hacienda apeló a la sensibilidad del empresariado de la construcción, al requerir que los ajustes que deban hacer en sus costos, no recaigan en las leyes laborales y sociales de los trabajadores, tal como lo viene haciendo la Provincia, que invierte en obra pública como ninguna otra provincia argentina.
