Por Gustavo Martinez Quiroga
Pasaron 35 años desde la recuperación de la democracia. Desde el fin de la doctrina de seguridad nacional, del terrorismo de Estado, de las violaciones sistemáticas a todos los derechos. Como pueblo entendimos, finalmente, que los cuarteles no son la solución a nuestros problemas económicos, sociales o políticos. Desde aquel histórico 30 de octubre de 1983 en que volvimos a las urnas, comenzamos a valorar la libertad de transitar, de protestar, de expresarnos sin ser censurados o reprimidos.
El país del “Nunca Más”comenzó a crecer después de un siglo de recurrentes golpes de estado. La sociedad fue madurando , aprendiendo a solucionar conflictos e inoperancias gubernamentales a través de la alternancia de dirigentes y partidos o frentes electorales. Podríamos decir que somos una democracia joven, pero a los 35 tenemos también la madurez suficiente como para saber con claridad que no hay mejor manera de convivir que la sujeción estricta a las leyes vigentes.
Sin embargo en San Juan, desde hace un par de años, los casos de abusos de autoridad por parte de un sector de la policía se vienen sucediendo sin que los responsables del área tomen nota de la gravedad de la situación. Una nueva denuncia de apremios ilegales por parte de efectivos de la seccional 11, en 9 de Julio vuelve a poner a la institución en jaque. Un policía habría golpeado de tal modo a un adolescente de 16 que le aflojó una pieza dental y le rompió el tabique nasal. Trasladado a la comisaría, permaneció en celda común sin atención médica hasta que fue restituído a sus padres después de ser amenazado para que no hable, según el testimonio del pibe y de su madre.
El gran delito? Estar sospechado de haber participado de picadas en moto. Los grandes ausentes ? El sentido común, el trato humanizado, las políticas públicas en la materia. Cuesta creer que después de tantas denuncias, haya efectivos reincidiendo si no hubiese al menos una subestimación del problema, un “mirar para otro lado” de los responsables de diseñar el modo en que se brindara seguridad a la población.
La doctrina de la “mano dura” y el “gatillo fácil”, que por estos días tuvo certero golpe de la Corte Suprema al confirmar el procesamiento de Chocobar, puesto como ejemplo de cumplimiento del deber por parte de Macri y de su ministra Bullrich, no hacen más que generar resentimiento, alimentar la violencia y el odio, aportar al sistema delictivo y por supuesto violar leyes y tratados internacionales de raigambre constitucional, remitiéndonos a aquellas páginas oscuras de la dictadura militar que todos (¿todos?) queremos sepultar para siempre.
Una democracia republicana que se precie de tal debería tener alarmas que suenen a tiempo para corregir tendencias totalitarias. Es el mismo sistema el que debería depurarse. La mamá de éste adolescente no se quedó con la presentación realizada ante la Subsecretaría de Control de Gestión de la Seguridad, también presentó denuncia formal ante la Fiscalía de Instrucción que debió ordenar un nuevo informe del médico legista. La pelota está ahora en manos de la justicia penal. La sumatoria de casos particulares debería generar un cambio en las políticas generales de una institución que no merece ser inluida en listados de provincias y países con mayor violencia institucional. El tema ya le valió al presidente Macri un llamado de atención de Naciones Unidas por los crecientes casos de muertes en lugares de detención y apremios ilegales en Argentina. La doctrina “Bullrich” ha dado numerosas muestras de abuso a nivel nacional. Las jurisdicciones provinciales tienen la posibilidad de resistir “el cambio de época” y mantenerse dentro de los límites de la legalidad.
