La denominada “ley Micaela” fue aprobada por unanimidad. Alcanza a funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado.
Funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado deberán recibir una capacitación obligatoria en materia de género. Así lo establece la denominada “ley Micaela”, que el Senado sancionó este miércoles por unanimidad -59 votos- en un trámite veloz.
La iniciativa tomó ese nombre en homenaje a Micaela García, una joven entrerriana que fue víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.
Las capacitaciones deberán ponerse en marcha dentro del primer año de vigencia de la ley y cada organismo estatal deberá definir la modalidad.
El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), como autoridad de aplicación de la norma, deberá certificar la calidad de esas capacitaciones, y tendrá a su cargo las que correspondan a las máximas autoridades de cada poder.
La senadora Sigrid Kunath (Justicialista) señaló que Micaela fue “una joven entrerriana que creía profundamente que se podía cambiar el mundo y que podía haber relaciones más igualitarias”.
Kunath destacó que los padres de la joven, Andrea Lescano y Néstor “Yuyo” García, “transformaron el dolor en una lucha por visibilizar las problemáticas de género y prevenir el femicidio, que es la forma más atroz de violencia de género”.
“Este año sin duda ha marcado un hito en la visibilización de la desigualdad y la violencia de género”, expresó la legisladora, y agregó: “Es ineludible que todos los estamentos de gobierno se comprometan con las políticas de género: en acciones, con recursos humanos, en capacitación y por supuesto con recursos materiales”.
Por su parte, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) sostuvo que el tratamiento de este tema significa “poner sobre el tapete un compromiso de este Congreso para erradicar la violencia de género”.
La kirchnerista Nancy González también respaldó el proyecto, pero habló de la “demagogia” del Gobierno, al preguntarse “cuál es el compromiso de este gobierno con las mujeres argentinas”.
“Si el Estado se interesara por el género no podría recortarle el presupuesto al Consejo Nacional de las Mujeres como se lo recortó”, advirtió la chubutense.
En este sentido, precisó que “el Estado invierte 11,36 pesos por mujer para combatir la violencia de género, una caída del 18% con respecto al presupuesto del año pasado”./Parlamentario
