La OA denunció al ex presidente, Marcos Peña y Rogelio Frigerio por una operación escandalosa: según el organismo, subastaron y adjudicaron a amigos y aportantes PRO terrenos del Estado nacional a un precio de perjucio público por USD75 millones. Con parte del dinero recaudado, le financiaron el Paseo del Bajo a Larreta.
Se suman más problemas judiciales para el ex presidente Mauricio Macri, los ex ministros Marcos Peña y Rogelio Frigerio y otros ex funcionarios de Juntos por el Cambio, en este caso por una denuncia de la Oficina Anticorrupción que apunta a que presuntamente el Gobierno nacional PRO benefició a amigos, aportantes de campaña y socios políticos en perjuicio de las arcas del Estado.
Según la presentación judicial, el perjuicio para las arcas del Estado por las propiedades vendidas a precio vil fue de USD 74.536.889. Como resumen, vale mencionar que entre los inmuebles subastados figuran parcelas de enorme valor en Catalinas Norte, o sea los terrenos detrás del Hotel Sheraton en Retiro, a las puertas de Puerto Madero; otras propiedades en CABA y una enorme estancia parcelada en Córdoba.
Más escandalosa es la lista de algunos de los nombres que se beneficiaron de las subastas baratas, según la denuncia: Nicolás Caputo, Mario Quintana, el dueño de la casa en Villa La Angostura donde Macri suele descansar; los titulares del banco Safra, el elegido por Gianfranco Macri en Suiza para depositar los dólares que luego blanqueó; integrantes de la familia Blanco Villegas (vinculados a la madre del ex presidente) y numerosos y poderosos aportantes de la campaña de Cambiemos.
Las irregularidades fueron detectados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la auditoría interna de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que manejaba esos inmuebles. Sobre esos informes demoledores, la Oficina Anticorrupción (OA) que lidera Félix Crous, presentó la denuncia que recayó en el cuestionado juez Julián Ercolini y en el fiscal Gerardo Pollicita.
Según el cuerpo central de la denuncia, para las subastas se estableció un valor de base 30% por debajo del fijado por el Tribunal de Tasación. La idea era que el precio ascienda al valor de mercado, pero en todos los casos se adjudicaron los terrenos a muchísimo menos de lo que valían. De ahí el perjuicio de casi USD75 millones.
Fuente: jueves 18 de septiembre de 2020 – (Política Argentina)
