El Senado aprobó esta noche y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece un sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas con información nutricional.
La iniciativa, que unificó más de 13 propuestas de senadores de todas las bancadas, fue aprobada con 64 votos a favor y 3 en contra, por parte de las senadoras tucumanas Beatriz Mirkin y Silvia Elías de Pérez, quienes afirmaron que la ley afectará a la industria azucarera, importante para esa provincia, y la riojana Clara Vega.
El “corazón” de la iniciativa consiste en que los alimentos y las bebidas que contengan exceso de nutrientes críticos -sodio, azúcares o grasas- deberán llevar en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda, de color negro y forma octogonal.
Estos productos, y principalmente los dirigidos a niños, niñas y adolescentes, tendrán prohibida la publicidad, promoción y patrocinio; y, además, no podrán venderse en los kioscos de las escuelas.
Arrancó el debate la neuquina Silvia Sapag (Frente de Todos), quien consideró que la presentación de más de una docena de proyectos al respecto demuestra que “esto es algo absolutamente necesario para nuestra población”. Con énfasis en la cuestión de la publicidad, la legisladora señaló que “el éxito de las marcas es canalizar las emociones; es la forma en que logran colarse en el hogar”.
La oficialista precisó que “los niños de tres años ya reconocen el logo de 100 marcas. A los niños de 10 años le resultan afines 400 marcas, y la mayoría son comestibles. A los 12 años ya fueron expuestos a 40 mil comerciales de propaganda; y el 85 por ciento de los anuncios dirigidos a su target son productos”. “La publicidad es efectiva en la niñez y si se mezcla con personajes es igual a una bomba, genera compromiso emocional y va directo al subconsciente”, agregó.
A continuación, la bonaerense Gladys González (Pro) aseguró que la ley “se trata de reconvertir la industria alimenticia y no de destruirla”. “Los consumidores tienen el derecho de acceder a información clara de lo que comen”, remarcó y se preguntó “si el consumidor tiene realmente la libertad de elegir y tiene toda la información para poder hacerlo a conciencia”.
Al hablar de distintas “influencias”, como la de la publicidad y el marketing, a la hora de elegir los alimentos, la macrista opinó que “no somos tan libres para elegir, por lo tanto ahí el Estado tiene un rol esencial”. Y, finalmente, envió un mensaje al sector productivo: “Sean aliados, no se resistan al cambio, porque es en vano, porque el rumbo ya está claro”.
“Es una norma fundamental para reducir las enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión, y las cardiovasculares”, subrayó la rionegrina Silvina García Larraburu (oficialista), que detalló que “somos el tercer país de América Latina con la mayor ingesta de comida ultraprocesada”, según datos de la Organización Panamericana de la Salud que indican que por año una persona consume “185 kilos” de estos alimentos.
Presidente de la Comisión de Salud, donde se debatió el proyecto, Mario Fiad (UCR) se manifestó a favor de la iniciativa, pero planteó sus “inquietudes” sobre algunos aspectos, en los que anticipó su abstención. En ese sentido, el jujeño indicó que hay que “extremar los recaudos” para la concordancia entre las normativas del Código Alimentario con las del Mercosur.
“Me preocupa que varios de los productos cuyo consumo es recomendado por la guía alimentaria serán productos que contendrán sellos de advertencia”, alertó el legislador, de profesión médico, y sostuvo que la ley tendría que poseer una “normativa complementaria”. También habló de un “período corto” de adaptación para las industrias.
En el cierre del debate, el mendocino Julio Cobos (UCR) resaltó que “este es un problema y hay que atacarlo” y “la mejor manera de trabajar en salud es la prevención”. “La promoción de la salud a través de una alimentación adecuada se logra advirtiendo a la población sobre lo que va a consumir”, dijo y justificó el sello negro octogonal en función de la experiencia de Chile, pionero en el etiquetado frontal.
“Este etiquetado es perfectamente claro, advierte a la población, es un derecho para el consumidor”, insistió. En tanto, sobre los tiempos para la readecuación de la industria, consideró que “son plazos más que entendibles” y remarcó que “hace cinco años que la industria ya sabe que se venía la discusión de esta ley y deberían haber tomado algunas medidas”.
El radical negó que se quiera “demonizar” algún producto, y menos prohibir, sino que “estamos advirtiendo a la población, que después tendrá derecho a consumir lo que quiera”.
Por el Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti destacó que el proyecto “es fruto de un diálogo construido por todos” y aseguró que “mejorar la información de los alimentos que consumimos es una demanda social”. “Hoy la información que hay en los productos alimenticios es inentendible” y “sólo un 13 por ciento de la población la entiende”, señaló.
“Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos los argentinos y argentinas que tenemos el derecho a saber qué comemos, y qué queremos que coman nuestros hijos e hijas”, argumentó la mendocina, que aclaró que “no es una ley exclusivamente dirigida a combatir la obesidad”.
En un mensaje a las empresas, les pidió que “toda la energía que la industria ha puesto para tratar que este Senado no saque una media sanción”, la coloquen en “tratar de ofrecer a los argentinos mayor información de los componentes nutricionales que tienen sus alimentos y además hacer los productos más saludables”.
Hacia el final, Fernández Sagasti afirmó que entendía la situación de Tucumán, pero “esta ley no demoniza al azúcar; esta apoya a las economías regionales”. “Paren de mentir, paren de repetir mentiras de los lobbistas que no dan la cara y llaman a los legisladores para convencerlos de mentiras”, lanzó.
Fuente: jueves 29 de octubre de 2020 – (NA)
