La investigación a cargo de la fiscal Verónica Zamboni se encuentra cerrada. Mientras tanto, los últimos detalles se definen en los tribunales de Dolores. El fiscal general Diego Escoda recuerda el inició el caso y explica la acusación que puede llevar a los jóvenes de Zárate a prisión perpetua.
El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido el 18 de enero de 2020, se llevará a cabo este año, con ocho de los diez rugbiers sentados en el banquillo de los acusados por el ataque ocurrido ese sábado a la madrugada a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.
El crimen fue calificado como «homicidio doblemente agravado por su comisión con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas» y en noviembre pasado, la fiscal Verónica Zamboni presentó ante el juez David Mancinelli, a cargo del Juzgado de Garantías de Villa Gesell, la requisitoria de elevación a juicio contra los ocho imputados.
El pedido contra los rugbiers se realizó tras el análisis de casi un centenar de pruebas, entre ellas la autopsia, peritajes a los teléfonos celulares de los imputados, peritajes en el lugar de los hechos y otros sobre las prendas de los imputados y de las víctimas, declaraciones testimoniales, registros fílmicos y fotográficos, informes de diferentes organismos y muestras de ADN con las que la fiscal determinó la participación que cada uno de los imputados.
Los diez rugbiers primero fueron alojados en la comisaría 1era de Pinamar, luego en el penal de Dolores y por último en la Alcaidía Penitenciaria número 3 de Melchor Romero, donde se encuentran desde el 13 de marzo pasado a excepción de dos que fueron liberados.
