Murieron 51 personas y 788 resultaron heridas luego de que una formación del Sarmiento chocara contra el andén de la terminal ferroviaria.
A las 8:32 del miércoles 22 de febrero de 2012, hace exactamente diez años, el tren N° 3772 de la línea Sarmiento, identificado con la chapa 16, no se detuvo al llegar a la terminal de Once e impactó contra el parachoques del andén en la plataforma N°2. La formación llevaba unos 1.500 pasajeros y cientos de personas, especialmente los que viajaban en los primeros dos vagones, quedaron aprisionados entre los fierros retorcidos. El saldo trágico fue de 51 muertos y 788 heridos.
El tren, que llevaba ocho vagones y circulaba a unos 20 kilómetros por hora –una velocidad cinco veces superior de lo normal al entrar a una estación–, no había podido frenar. Los rescatistas, en su mayoría bomberos, policías, personal del SAME y Defensa Civil, trabajaron durante más de 24 horas para sacar a las víctimas de entre los fierros. Las imágenes, dignas del cine catástrofe, dieron la vuelta al mundo.
Fue uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia argentina. La cifra inicial de muertos fue de 50, pero el cuerpo del joven Lucas Menghini fue hallado dos días después. Algunos sostienen incluso que los fallecidos fueron 52 porque una de las víctimas fatales estaba embarazada.
Las pericias, recolectadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), constataron que de los ocho vagones, sólo seis contaban con los compresores de aire comprimido para operar los frenos; que para siete de los ocho vagones se habían diferido tareas de mantenimiento. También se pudo determinar que los paragolpes no contaban con su sistema hidráulico en funcionamiento y que estaba desactivado el sistema de frenado de hombre muerto, que se activa si el maquinista pierde la conciencia y que Marcos Córdoba confesó haber anulado. Además, los frenos manuales fueron activados, pero no lograron detener la formación a tiempo.
Las pericias, recolectadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), constataron que de los ocho vagones, sólo seis contaban con los compresores de aire comprimido para operar los frenos; que para siete de los ocho vagones se habían diferido tareas de mantenimiento. También se pudo determinar que los paragolpes no contaban con su sistema hidráulico en funcionamiento y que estaba desactivado el sistema de frenado de hombre muerto, que se activa si el maquinista pierde la conciencia y que Marcos Córdoba confesó haber anulado. Además, los frenos manuales fueron activados, pero no lograron detener la formación a tiempo.
La por entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, decretó 48 horas de duelo nacional. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, hicieron lo propio en sus distritos, donde además se suspendieron las celebraciones de carnaval programadas para esos días.
Las críticas al Gobierno nacional y a la empresa TBA, que tenía la concesión, no tardaron en llegar. La respuesta de Cristina Kirchner retiró la concesión a Trenes de Buenos Aires (TBA) y el Estado se hizo cargo de la operatoria de la línea Sarmiento.
“La crisis que generó la Tragedia de Once marcó un antes y un después de la segunda gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso aceleró el proceso de inversión en vías, señalamiento y además salimos a comprar trenes nuevos. El proceso de deterioro generalizado del sistema ferroviario no venía de la época de (Julio) De Vido sino de antes. Pero cambió la política de inversión después de la Tragedia de Once, por más que no se quiera reconocer”, afirmó el ex ministro del Interior Florencio Randazzo, durante el segundo juicio oral.
Un grupo de familias de las víctimas crearon la organización Familiares y Amigos de Víctimas y Heridos de la tragedia de Once 22/2 con el objetivo de pedir justicia. Entre los miembros figuran Paolo Menghini y María Luján Rey, padres de Lucas, ella ahora diputada nacional por Juntos por el Cambio.
El siniestro derivó en dos juicios orales penales en 2015 y 2017. El primero fue contra el motorman del tren, Marcos Córdoba, los entonces directivos de la empresa TBA y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime (2003-2009) y Juan Pablo Schiavi (2009-2012). Fueron condenadas 21 personas, y 20 de esas condenas quedaron firmes en la Corte Suprema. Sólo el caso de Jaime hubo una revisión de la Cámara Federal de Casación, que le elevó la pena a 8 años de prisión.
En un segundo juicio, conocido como Once II, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue absuelto por el accidente pero condenado a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta.
