El ministro de Economía insistió en que si no sale la ley ómnibus, ya estudia qué partidas recortarle a las provincias. Duro cruce con Pichetto, uno de los aliados del gobierno y nexo con gobernadores del PRO.
La Libertad Avanza sacó a relucir una de las herramientas incluidas en el “manual político” de Mauricio Macri: la extorsión. El ministro de Economía, Luis Caputo, ya había avisado, que si la ley ómnibus no pasaba, el ajuste sería más fuerte. “Se vendrán más medidas, y los argentinos las van a sufrir más”. Así lo anticipaba el pasado 10 de enero, luego de anunciar un nuevo acuerdo con el FMI. Por su parte, Javier Milei hacía lo propio.
Este miércoles, cuando en las inmediaciones del Congreso cientos de miles gritaban “la patria no se vende”, Caputo insistía con la misma amenaza pero dirigida directamente a los gobernadores y los diputados aliados. “Estamos revisando qué partidas recortar”, lanzó.
La extorsión corre para todos, incluso los aliados parlamentarios. En el dictamen que difundieron desde la presidencia de Diputados sobre la Ley Ómnibus, el oficialismo dejó en “orsai” a Miguel Ángel Pichetto, quien había negociado recursos específicos del FGS –que posee cartel de venta- para cubrir los déficits provinciales vinculados a las cajas previsionales.
Disciplinamiento
«Si la ley ómnibus no pasa, sería una muy mala noticia para todos los argentinos. En la medida que la ley no se apruebe, las medidas van a ser más duras y los argentinos las van a sufrir más”. El plan sistemático de miseria planificada busca disciplinar a la población. En el fondo, no les preocupa que haya un incremento de la pobreza. Lo dijo Caputo el pasado 10 de enero.
Dos semanas después, insistió: “El déficit cero no se negocia. Si no se aprueban todas las medidas económicas propuestas en la ley, el ajuste será mayor. Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. La extorsión como método.
El legislador Miguel Angel Pichetto, del bloque Hacemos Coalición Federal, aliado nato de La Libertad Avanza por su pertenencia al PRO, fue uno de los negociadores que acercó posiciones entre los gobernadores macristas y el Gobierno, con la idea de evitarles el impacto del ajuste.
Como parte de esos acuerdos que debían expresarse en el dictamen de mayoría de la ley Omnibus, los diputados de dicho espacio – integrado por Hacemos Nuestro País, Coalición Cívica, y Cambio Federal- aceptaban la liquidación de las acciones del FGS con la condición de que las provincias se hicieran de una tajada para cubrir parte de sus déficits.
El compromiso de los libertarios había sido garantizarles a las provincias “una compensación y recursos extras para hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas a la Nación”. Algunas de esas jurisdicciones son Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, y Santa Cruz, entre otras.
El dictamen que salió de la oficina de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, no dio cuenta de esos supuestos “pactos” entre fuerzas aliadas. “Los recursos que se obtengan como consecuencia de la venta de las participaciones accionarias no podrán ser utilizados para un destino diferente que no sea el sistema de seguridad social”, puede leerse en el dictamen.
La ambigüedad de lo plasmado en el supuesto dictamen de mayoría – todavía en debate teniendo en cuentas que hubo muchos otros acuerdos políticos que no habrían quedado de la forma acordada – le permite a Caputo continuar con su verba extorsiva.
De ahí el mensaje amenazante, publicado en la red social X a las 14.08, en el mismo momento en que comenzaba el acto de la CGT. Sin pruritos, avisó que ya estaba preparando los recortes para las provincias. En el Congreso, el camionero Pablo Moyano, uno de los conductores de la Central obrera, tomaba la palabra.
“Si llevan adelante estas medidas económicas de hambre, ajuste y despidos, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar al ministro en andas, pero para tirarlo al Riachuelo y que cambie este modelo económico”, sostuvo el dirigente, metáfora de por medio.
Luego, le dedicó un mensaje a los legisladores peronistas que forman parte de distintas fuerzas: “Que tengan dignidad, que tengan principios, que no traicionen a los trabajadores, que no traicionen la doctrina del peronismo que es defender a los laburantes, a los que menos tienen y a los jubilados».
Las presiones extorsivas también quedaron patentadas en la decisión de tres legisladores tucumanos de Unión por la Patria (Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández de Mansilla), que a pedido del gobernador Osvaldo Jado conformaron otro bloque para firmar el dictamen del oficialismo.
Modus operandi
Las maniobras extorsivas hacia las provincias ya habían sido una moneda corriente durante la presidencia de Macri. El gobierno de Cambiemos no solo había empujado a las jurisdicciones a tomar deuda en dólares como respuesta a los recortes presupuestarios y la discrecionalidad en el reparto de transferencias; también hizo y deshizo acuerdos políticos según su parecer una vez que conseguido los votos requeridos en el Parlamento. El caso emblema fue el Pacto Fiscal.
Como parte de las negociaciones por el Pacto Fiscal, que obligaba a las provincias a reducir impuestos claves para sus administraciones, Macri se había comprometido a sostener los recursos del Fondo Federal Solidario. Dicho instrumento había sido ideado por CFK en 2009 para distribuir el 30% de lo recaudado por las retenciones a la soja entre todos los municipios del país, según los porcentajes establecidos de la coparticipación.
Los gobernadores firmaron el Pacto Fiscal, y el macrismo, a mitad de 2018, en coincidencia con la llegada del FMI, eliminó por decreto el FFS. De hecho, esa había sido la idea de Macri desde el inicio.
La extorsión, por entonces, también incluía los tarifazos en los servicios públicos. En la Patagonia se formó el Foro Patagónico para reclamar, entre otras cuestiones, la vigencia de la promoción de las zonas frías para que la población patagónica y sus industrias paguen más barato el gas consumido. No por nada, el tándem Milei – Caputo insisten con su derogación.
