El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires. Fue un 18 de julio de 1994.
La investigación por el atentado contra la AMIA registró durante el último año una serie de novedades, ninguna de las cuales lleva a esclarecer qué pasó y, menos aún, quiénes fueron los autores y quiénes contribuyeron a la impunidad en estos 30 años.
Hace un mes, la Argentina -como Estado-, fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsable de violar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares y el derecho colectivo a la verdad.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Argentina volvió a reconocer esa responsabilidad, como lo había hecho durante el kirchnerismo.
Entre las consecuencias del fallo, la Argentina debe asumir el compromiso de profundizar las investigaciones, disponer medidas adicionales de reparación y producir reformas estructurales sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación.
En ese contexto, el procurador general de la Nación Interino, Eduardo Casal, dispuso la creación “en el ámbito de la Unidad Fiscal AMIA, de un área específica de análisis de la totalidad del acervo documental de inteligencia desclasificado, con la invitación a las víctimas constituidas en querellantes para que participen de los procesos evaluatorios”.
En sintonía, el juez federal Ariel Lijo –uno de los candidatos del gobierno a la Corte Suprema- ordenó que la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “arbitre la forma en que el Área de Análisis de la UFIAMIA tenga acceso a la base de datos de la Agencia, en relación con las necesidades del tratamiento y análisis de la documentación que le fue transferida”.
Pero el gobierno nacional, a través de la AFI, resistió esa medida mediante un “recurso de reposición con apelación en subsidio”, argumentando razones de “seguridad nacional”.
El tema está para resolver en la Cámara Federal porteña.
Realidad y mito de la Casación
A nivel doméstico, la Casación emitió un fallo que fue presentado mediáticamente como la ratificación de la autoría de Irán –a través de sus organizaciones militares y paramilitares- sobre el atentado.
Ello es inexacto: esa apreciación corresponde sólo al juez Carlos Mahiques, quien se pronunció más allá de lo que estaba llamado a resolver.
En efecto, lo que Casación debía hacer (e hizo) era revisar las condenas y absoluciones dispuestas por un tribunal oral federal que celebró un juicio durante casi tres años sobre la conexión local y el encubrimiento de una línea de investigación denominada “la pista siria”.
Casación, en lo que debía resolver, confirmó las maniobras intencionales para entorpecer la investigación, condenó por ello a funcionarios judiciales, políticos y agentes de inteligencia y descartó que los principales referentes del gobierno de Carlos Menem y el propio ex presidente hubieran protegido a los sospechados de la “pista siria”.
Entre las condenas confirmadas aparecen las del ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes investigaron el atentado en su etapa inicial.
El juez Mahiques, en lo específico, excedió el contexto del expediente. Algo así como si le hubieran preguntado “¿qué hora es?” y él hubiera respondido: “jamón y queso. Los cereales son más sanos. Ah, y además, son las tres y cuarto”.
Otra causa cerrada
La Casación resolvió, además, sobreseer a todos los imputados en una causa derivada de la del encubrimiento contra tres ex secretarios de Galeano: Javier De Gamas, Susana Spina y Carlos Velasco.
Todos llegaron a esa instancia procesados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y con la posibilidad –sugerida por la Cámara Federal- de agravar la imputación a “encubrimiento, peculado, privación ilegal de la libertad y prevaricato”.
El máximo tribunal penal del país declaró que todos son inocentes.
Alertas y otras detenciones
En cuanto al atentado en sí, las alertas rojas de interpol sobre un grupo de iraníes acusados por el atetado siguen vigentes; nunca fueron levantadas, ni siquiera cuando el Congreso aprobó por ley el Memorando de Entendimiento entre la Argentina e Irán, que dio origen a la denuncia penal del difunto fiscal Alberto Nisman contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En junio de 2023, el juez federal Daniel Rafecas, en el marco de un remanente de la investigación, ordenó la captura internacional de cuatro libaneses sospechados de haber tenido una participación “secundaria” en la voladura de la mutual judía: Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah (alias ‘el alto’, ‘el Tawil’ o ‘Alí El Taweel’), Abdallah Salman, (también conocido como José El Reda, Manuel Gutiérrez, Salomons Abdalla, Abdallah Rammal) y Farouk Abdul Hay Omairi.
Ninguno de ellos fue detenido todavía.
