La Secretaría de Energía tiene en carpeta terminar con la segmentación y volver a un esquema de tarifa social.
El Gobierno tiene en carpeta aplicar cambios en los subidos en las boletas de electricidad y gas natural por redes que reciben los usuarios a partir del año que viene. El nuevo esquema estará basado en la vuelta al esquema de tarifa social, en línea con el objetivo oficial de focalizar de una manera más eficiente la asistencia y de acelerar el ajuste fiscal.
En la Argentina rige desde 2022 un sistema de segmentación que divide a los hogares en tres niveles: ingresos altos (Nivel 1), Ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3). El espíritu era que los N1, comercios e industrias pagaran el costo pleno de la energía al igual que los comercios y las industrias. Los N2 y N3 tienen un tope de consumo subvencionado.
Las tarifas están compuestas por cuatro ítems: el precio mismo de la energía, donde se canalizan los subsidios, el transporte, la distribución y los impuestos en sus tres niveles (nacionales, provinciales y municipales). En la práctica hoy ninguno de los usuarios cubre el costo pleno del gas y la luz, por lo que el Tesoro debe compensar a las empresas generadoras esa diferencia.
Actualmente, unos 8 millones de usuarios de electricidad son N2, 3 millones son N3 y 5 millones son N1. Eso implica que 7 de cada 10 hogares reciben ayuda del Estado para afrontar sus tarifas. En lo que va de la gestión de Javier Milei cerca de 1 millón de usuarios tuvieron que pedir la subvención para afrontar el pago de los servicios por los aumentos aplicados.
El Gobierno, de acuerdo a Infobae, inicialmente pensaba reemplazar el esquema actual de subsidios por uno basado en una Canasta Básica Energética (CBE) que iba a contemplar un consumo determinado para cada tipo de hogar, dependiendo de la zona bioclimática del país, y los ingresos percibidos. Era impulsado por el ex secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, pero entre los funcionarios siempre hubo dudas sobre su viabilidad.
De todos modos, Energía planteó un período de transición que duraría entre junio y noviembre, con la posibilidad de extenderlo seis meses más hasta la aplicación definitiva de la CBE. El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la flamante secretaria de Energía, María Tettamanti, tienen definido que se realizará la prórroga pero para avanzar a un sistema diferente.
En detalle, la intención es eliminar la segmentación actual para que solo queden dos tipos de usuarios: los que reciben subvenciones y quienes no tengan ningún tipo de asistencia. Mientras tanto, habrá un ajuste gradual en la asistencia que percibe cada universo.
Las condiciones para acceder al beneficio continuarán signadas por la Canasta Básica Total (CBT) que publica el Indec –la línea de pobreza– serían mucho más restrictivas que las actuales y, en el escenario ideal, los beneficiarios pagarían el costo pleno de la factura, pero recibirían una compensación a través de una transferencia directa a través de una cuenta bancaria o una tarjeta.
El timing de los incrementos será decidido por el ministro de Economía, Luis Caputo, en función de que dos variables centrales: el objetivo de sostener equilibrio fiscal y no poner en peligro la desaceleración de la inflación.
