Las entidades que representan a los consumidores repudiaron enérgicamente la resolución del Gobierno que dispone una compensación a las distribuidoras de gas por la diferencia del precio del gas en boca de pozo a partir de la suba del dólar. Algo que los usuarios deberían pagar en 24 cuotas y a partir del 1° de enero de 2019.
«Esa resolución es absolutamente abusiva, arbitraria, inconstitucional, y claramente confiscatoria, porque los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso. En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno Nacional a través de recursos que provengan de la recaudación impositiva», señaló Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.
Según Polino, es insólito “que a los tarifazos que se vinieron aplicando hasta la fecha, más el nuevo aumento que comenzó a regir a partir del 1° de octubre, a la eliminación de la bonificación por menores consumos, a la quita parcial de beneficios que tenía la Tarifa Social, a la reducción de beneficios a entidades de bien público, se agregue ahora, este nuevo tarifazo».
El representante de Consumidores Libres comentó que, por estas razones, piensa elevar al Congreso un pedido para que deje sin efecto la resolución. Básicamente, porque -según el dirigente- «la provisión del gas natural es un servicio público esencial que debe llegar a la totalidad de los habitantes del país y cuyas tarifas deben ser razonables, progresivas, transparentes y proporcionales a la capacidad de pago de los usuarios”, explicó.
