El Gobierno promueve la inversión pero carece de fuerza para mediar entre los intereses de la población y las empresas.
El primer reporte mensual de conflictos sociales en Perú, elaborado en 2004 por la Defensoría del Pueblo, incluía 41 hechos, de los cuales solo dos eran desavenencias entre comunidades y empresas mineras. En el último año, ha habido un promedio mensual de 210 conflictos, el 45% relacionado con la minería. Expertos opinan que la recurrencia de estos enfrentamientos se debe, entre otras razones, a las deficiencias del Estado, la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y a que las mineras han sentado malos precedentes. Estas empresas han puesto en peligro el abastecimiento de agua de las poblaciones, según denuncian los ciudadanos en proyectos como el de Cajamarca y Tía María.
