Rubén Osvaldo Bufano, ex integrante del Batallón 601, fue acusado de ser uno de los responsables del secuestro y desaparición del escritor Haroldo Conti. También fue acusado de haber participado en la llamada Masacre de Fátima, en Pilar, provincia de Buenos Aires, el 20 de agosto de 1976, cuando 30 personas alojadas en la Superintendencia de Seguridad Social de la Policía Federal fueron trasladadas en camiones y las fusilaron.
Bufano tuvo un perfil controvertido en San Juan, donde vivió hasta el mes de mayo de 2013, porque fue vinculado en su momento a la desaparición de la psicóloga María Rosa Pacheco de Balmaceda, ocurrida el 2 de junio de 1996. El exdiputado Alfredo Bravo (ya fallecido) y la monja Marta Pelloni le atribuyeron responsabilidad en ese hecho.
El exagente era la cara visible de la empresa Oeste Vigilancia y Seguridad (OVYS), que tenía a su cargo la custodia del sanatorio Almirante Brown el día que la psicóloga fue vista por última vez. Además, coordinó las tareas de la seguridad privada de la Barrick Gold en el yacimiento Veladero, a partir de 2006.
Asimismo, el 13 de mayo de 2015 fueron absueltos en juicio tres ex agentes de inteligencia del Ejército, según dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 de la Capital. La medida alcanzó a Leandro Sánchez Reisse, Rubén Osvaldo Bufano y Arturo Ricardo Silzle, los tres acusados en un juicio de lesa humanidad.
Al cabo de un juicio que había comenzado en febrero, el Tribunal Oral Federal Nº 6, de Capital Federal, absolvió y ordenó la inmediata liberación del exagente de inteligencia militar Rubén Osvaldo Bufano, quien vivió en San Juan hasta mayo de 2013 y que era propietario de una agencia de seguridad.
Los jueces, en fallo dividido, invocaron la prohibición constitucional de la doble persecución penal. Fue porque el exmilitar, junto con Leandro Sánchez Reisse y Arturo Silzle, ya habían sido juzgados por el secuestro del financista Fernando Combal y habían sido eximidos de responsabilidad.
Los exintegrantes del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército estaban acusados de haber participado en una banda que realizaba secuestros extorsivos con pedidos de rescate por fabulosas sumas de dinero tras el golpe militar de 1976. La sospecha era que entre sus víctimas estaban Ricardo Tomasevich, Alberto Martínez Blanco y Carlos Koldobsky. La Fiscalía había pedido penas de entre 10 y 17 años de prisión.
Sin embargo, los jueces José Martínez Sobrino, Julio Panelo y María del Carmen Roqueta, con la disidencia de la última, tuvieron en cuenta para tomar su decisión que los exagentes ya habían sido acusados por el secuestro extorsivo del empresario Combal, pero fueron absueltos por el juez Eduardo Daffis Niklison en el 2000.
El secuestro de Haroldo Conti
En el informe Nunca Más, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, se lee parte del legajo 77 que refiere a la detención de Haroldo Pedro Conti, autor de Sudeste, En vida, Alrededor de la jaula y la célebre Mascaró.
El 4 de mayo de 1976 “fue aprehendido cuando retornaba a su domicilio de Capital Federal a medianoche, junto a su compañera Marta Beatriz Scavac Bonavetti y el bebé de ambos.
Allí tenía que aguardarlos un amigo. Al arribar a la vivienda, el amigo se encontraba ya maniatado, había un grupo de individuos vestidos de civil, quienes golpearon brutalmente a la pareja y la encerraron allí mismo, mientras se peleaban por el reparto del botín: los sueldos de ambos, percibidos esa mañana, efectos patrimoniales de toda naturaleza, dejando escasamente los muebles de gran tamaño. Robaron los originales de todas las obras de Conti y documentación personal”, sostiene el documento.
Más adelante, el informe expresa que “los diarios de fecha 13 de noviembre de 1982 dieron cuenta de la detención, en la ciudad de Ginebra, Suiza, de tres argentinos, quienes declararon pertenecer a grupos secretos de represión política, autores de secuestros extorsivos cuyos rescates cobrarían en aquel país donde resultaron aprehendidos y que manifestaron estar en condiciones de proveer información sobre el destino de Conti”.
En base a las fotografías “difundidas en su momento de los individuos detenidos en Suiza (Bufano, Martínez y otros), la señora Scavac reconoció que el “amigo” que se hallaba en el domicilio antes de que llegaran las fuerzas que capturaron a Conti y que decía llamarse Juan Carlos Fabiani (quien había concurrido a casa de Conti una semana antes del secuestro solicitando asilo por sentirse perseguido por la policía a causa de su militancia política), era el detenido Rubén Osvaldo Bufano –perteneciente, según sus declaraciones, al Batallón 601 del Ejército–.
Los hijos de Conti –Marcelo Haroldo y Alejandra– del primer matrimonio, también reconocieron dichas fotografías, ya en sede judicial, como pertenecientes al “amigo” a quien veían en la casa de su padre cuando le efectuaba visitas…” “En seguridad y en inteligencia, a mí el Ejército argentino me formó muy bien. Yo le debo todo lo que sé, le debo toda mi vida. Renegar de ese pasado sería renegar de mi vida”, dijo Rubén Osvaldo Bufano en declaraciones periodísticas, el jueves 22 de agosto de 1996.
Aquella declaración fue consecuencia de la denuncia que hiciera el entonces diputado nacional por el socialismo, Alfredo Bravo, sobre la actividad del represor en democracia a través de su empresa Oeste, Vigilancia y Seguridad (OVYS) que prestaba sus servicios a la Asociación de Obras Sociales (ADOS) y a Edessa, la firma que se había quedado con la privatización del suministro de electricidad en la provincia de San Juan en tiempos del gobierno de Jorge Escobar.
El 24 de junio de 2004, la cara del secuestrador volvió a aparecer en los medios de comunicación. Se pedía su captura como presunto partícipe de la llamada Masacre de Fátima, producida el 20 de agosto de 1976, cuando 30 personas alojadas en la Superintendencia de Seguridad Social de la Policía Federal fueron trasladadas en camiones y en un punto de la Ruta 8, a la altura del kilómetro 62, en un paraje conocido como Fátima, en el partido bonaerense de Pilar, las fusilaron.
El caso estaba siendo investigado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. En junio de 2004, entonces, ordenó la detención del agente del 601. Pero la causa tampoco prosperó.
