Uno de los apoderados de la fuerza de Roberto Lavagna, Daniel Pires, le confirmó a Tiempo Argentino que harán una presentación en la justicia electoral en sintonía con la que hizo Jorge Landau, del Partido Justicialista. Los intentos del gobierno por minimizar el colapso del sistema de transmisión de datos.
Para el apoderado el problema no pasa solamente por «la transmisión de los datos sino por la empresa Smartmatic», que ganó la licitación convocada por el Correo para realizar el escrutinio provisorio, por 17 millones de dólares, y otra para utilizar un software propio con el fin de acelerar la transmisión de los datos desde cada escuela, por 1,2 millones adicionales. Durante 20 años el escrutinio provisorio fue realizado por la empresa española Indra, pero con una modalidad diferente: las actas provenintes de cada escuela eran trasladadas en camionetas hasta los centros de cómputos del Correo y recién allí los datos eran cargados para su totalización, con las recurrentes críticas y sospechas sobre la discrecionalidad que tenía el centro de cómputos para elegir qué zona cargar primero.
Para estos comicios nacionales el sistema fue reformulado a partir de recomendaciones técnicas de la CNE. Esta vez, las actas serán escaneadas y transmitidas desde cada escuela, a través de una netbook conectada a Internet, que enviará los datos mediante el software diseñado por Smartmatic, la empresa de origen venezolano y con propietarios británicos, que hizo una oferta mejor que los 19 millones que presupuestó Indra.
El apoderado de Consenso Federal también opinó sobre el cambio de empresa. «Veníamos de sacar a una empresa que había sido cuestionada y ahora trajimos a otra que es peor. En el gobierno dicen que todo anduvo bien, pero nosotros sabemos por nuestros técnicos, que la prueba salió mal, y sólo llegó el 30% de las 10 mil mesas escrutada», explicó Pires. Para el letrado el conteo previo «es un tema de marketing político inmediato y cuando los números son publicados, después es muy difícil revertirlos. Decidimos sumar nuestro planteo ante la Justicia porque en ese sentido las PASO (del próximo 11 de agosto) son definitorias en este sentido y si el sistema sigue fallando, estamos ante un problema político grave.»
Luego del fin de semana largo, es posible que la CNE siga recibiendo pedidos de intervención para que el gobierno ponga a disposición «el programa, incluyendo sus códigos fuentes y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen involucrados en los procedimientos de digitalización, transmisión, carga, totalización y difusión de resultados provisorios». También «la intervención de una Universidad Nacional que analice toda esa tecnología y dictamine si resulta apto y seguro para la transmisión de resultados» del conteo de votos.
Una alta fuente de la Casa Rosada confió que «la orden del presidente Mauricio Macri es seguir adelante con el sistema como está» y que 2la empresa Smartmatic no entregará el código fuente, porque es un diseño privado y hay un problema de patentamiento». En el despacho del secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, contestaron con vehemencia. «El peronismo busca boicotear las elecciones. Estamos en la misma historia que plantearon en 2017. Tenemos claro a qué juegan los actores y lo que se hizo no fue un simulacro sino una prueba”. Sin embargo, en el instructivo al que accedió Tiempo sobre la última y fallida experiencia, el Correo habla claramente de «simulacro».
La respuesta de Pérez omite que también hubo un simulacro anterior. Un funcionario vinculado a esos ejercicios confirmó que «habrá una nueva prueba el sábado que viene porque el director de Servicios Electorales del correo reconoció que la que se hizo el sábado pasado fue un fracaso rotundo y ahora tenemos que movilizar todo de nuevo». En su última edición, este diario dio cuenta de la alarma que transmitieron los trabajadores y docentes vinculados con el operativo por las fallas.
El ejercicio nunca fue oficializado por el gobierno, aunque el experto en seguridad informática, Javier Smaldone, había alertado que todo se estaba realizando bajo un llamativo secretismo. Una falla que incomoda a una administración que se jacta de su comunicación pública, pero que no aportó un solo dato sobre el alcance geográfico de un ejercicio que cambia un mecanismo de conteo que funcionó distinto durante los últimos 20 años.
