En plena negociación salarial que tensa la relación entre el Ejecutivo y los sindicatos estatales, el Gobierno pondrá en marcha en los próximos días un ambicioso plan para regularizar el empleo público que incluye el pase a planta de miles de trabajadores públicos que siguen trabajando bajo modalidades provisorias.
Si bien las puntadas finales del proyecto se dan en paralelo a la puja salarial, el plan forma parte de un movimiento estratégico que apunta a relanzar la carrera laboral dentro del Estado que se elaboró durante los primeros meses de gobierno, pero que fue postergándose a causa de la pandemia de coronavirus.
El proyecto oficial, elaborado por la Secretaría de Gestión y Función Pública, a cargo de Ana Castellani, consta de dos ejes centrales: el relanzamiento de la carrera dentro de la administración pública y la efectivización de trabajadores con contratos anuales. Los cambios, a tono con los tiempos de emergencia económica, no implicará un mayor costo fiscal para el Estado, pero supondrá una mejora innegable en las condiciones de trabajo y, a la vez, atenderá una demanda histórica del sindicalismo.
La intención del proyecto es poner fin a años de parches y políticas que oscilaron entre el ajuste y la expansión de las contrataciones sin perspectivas de crecimiento en las áreas en las que se desarrollan los empleados. Por eso, se plantea reactivar la movilidad y el ascenso dentro de los organismos públicos para fortalecer la carrera de la administración pública a partir del reconocimiento de la formación profesional y la experiencia de los empleados públicos.
La primera etapa abarcaría a los trabajadores con más de cinco años de antigüedad con contratos transitorios. Según fuentes gremiales, son unos 18.000 empleados que podrán presentarse a concursos.
El segundo punto es un reclamo histórico de los sindicatos estatales, que consideran que los 42.000 agentes públicos con contratos anuales, que cumplen idénticas funciones al personal permanente, están sometidos a un fraude laboral por parte del Estado. Ahora, según la información a la que accedió el portal Letra P, el proyecto oficial va a eliminar de forma progresiva los contratos de planta transitoria durante los próximos cuatro años.
En términos políticos, el plan va a descomprimir la relación con la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), que conduce Andrés Rodríguez, y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en manos del Hugo Godoy, que rechazaron por insuficiente la primera propuesta salarial que el Ejecutivo puso sobre la mesa el martes pasado, tras cuatro meses de un inédito cuarto intermedio.
Si durante los primeros tres meses de Gobierno el horizonte estaba puesto en el acuerdo con los acreedores externos, la irrupción de la pandemia de coronavirus trastocó los planes oficiales y en las últimas semanas la salida de la cuarentena se convirtió en el kilómetro cero de cualquier discusión económica.
Sin embargo, las negociaciones se precipitaron con el salariazo policial firmado por el gobierno bonaerense tras la protesta de los uniformados y derivaron en una primera reunión en el Ministerio de Trabajo el martes pasado.
En esa cartera, los sindicalistas escucharon que la propuesta oficial era del 17% de aumento, a pagarse en cuatro tramos y con la última cuota en el mes de mayo de 2021. Con el escenario abierto, los representantes del Estado volverán a reunirse la semana que viene para intentar consensuar los términos de la recomposición.
Fuente: sábado 26 de septiembre de 2020 – (Letra P – Gestión Sinsical)
