La Vicepresidenta destacó que se conoció públicamente que la jueza tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, organismo que depende del ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó la recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti, que entiende en la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una «dependencia» con el Ministerio de Seguridad porteño, según informó en sus redes sociales.
Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», señaló la ex mandataria en sus redes sociales.
Entre los fundamentos de la presentación, difundida este lunes, los letrados de la vicepresidenta sostuvieron que «el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana», indicó el texto.
Y señaló: «Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a ‘Investigadora Senior’ (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como ‘Investigadora Senior’ del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más».
En la presentación se indicó que «participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo».
Los letrados de la vicepresidenta señalaron que «las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo
