La relación entre el Gobierno Nacional y los gobernadores se deteriora por los recientes recortes en transferencias y subsidios anunciados por Javier Milei.
En medio de la creciente tensión entre el Gobierno Nacional y las provincias debido a los recortes en transferencias y subsidios, los gobernadores evalúan acciones legales para contrarrestar las medidas anunciadas por Javier Milei. La relación, que ya estaba tensa, ha alcanzado su punto más álgido a poco más de dos meses del inicio de la gestión.
Diversos gobernadores han presentado acciones judiciales en los últimos días en un intento por frenar las reformas impulsadas por el Gobierno. El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para dejar sin efecto la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público para el Interior.
Ziliotto denunció la medida como «arbitraria y abusiva» y expresó su compromiso en defender los derechos de los ciudadanos de La Pampa. Desde Chubut, Ignacio «Nacho» Torres presentó una cautelar exigiendo el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros.
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, también ha intimado al Gobierno Nacional para que transfiera los fondos educativos correspondientes a su provincia, amenazando con emprender acciones legales en caso de no obtener una respuesta favorable. Gobernadores de la Patagonia tienen previsto reunirse para definir estrategias conjuntas y avanzar en reclamos para la región.
El santiagueño Gerardo Zamora ha instruido a la Fiscalía de Estado para recurrir a la vía judicial ante los recortes, señalando que los afectados no son solo los gobiernos provinciales, sino también docentes, usuarios del transporte público y trabajadores en todo el país.
Se especula que otros gobernadores, como Axel Kicillof, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, podrían sumarse a las acciones legales en los próximos días. En este contexto, el riojano Ricardo Quintela fue el primero en llevar la disputa a la Justicia.