Luego de la reunión entre los gremios aeronáuticos y funcionarios de Aerolíneas Argentinas, donde se evaluó el futuro de la línea de bandera, que el Gobierno de Javier Milei busca privatizar, se acordó suspender las medidas de fuerza mientras dure la negociación. Sin embargo, los sindicatos continúan en estado de alerta también por la profundización contra Intercargo, en la que se confirmaron decenas de despidos, en represalia a las medidas de fuerza.
La ofensiva antisindical del Poder Ejecutivo, pasó de la crítica a los presuntos “paros salvajes”, a las denuncias judiciales y la acusación de “terrorismo”, siempre acompañada por una sintonía discursiva en los medios cercanos al Gobierno para calificar las protestas de los trabajadores.
En el marco de este duro enfrentamiento, se habilitó una mesa de diálogo en las oficinas de Aerolíneas en Aeroparque entre los gremios de: la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), dirigida por Juan Pablo Brey; la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), que conduce Pablo Biró, y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), liderada por Edgardo Llano, aunque no participaron del encuentro funcionarios de Trabajo ni de Transporte, lo que se interpretó como la intención de evitar una foto con la representación sindical.
Aunque la convocatoria oficial fue para “abordar el contexto actual por el que atraviesa la compañía y cuestiones relativas a paritaria”, en las últimas horas Milei había presentado el encuentro como la última posibilidad para que los gremios presenten un plan de gestión de la empresa que, si no lo “convencía”, iba a acelerar la venta o el cierre de Aerolíneas.
En este sentido, Andrés Junor, secretario gremial del Sindicato de Aeronavegantes expresó:
«Por el momento no hay medidas de fuerza y los vuelos siguen», aunque aclaró que durante la reunión se les transmitió que «la decisión del gobierno es cerrar Aerolíneas». Por esto mismo Junor aclaró que la intención de los gremios es «llevar adelante una negociación responsable», y que están «mostrando apertura al diálogo en todas las circunstancias».
En relación con Intercargo, la situación se agravó severamente en los últimos días, con el despido de por lo menos 15 trabajadores y la presentación de dos causas judiciales contra APA (por el Ministerio de Justicia y por la Secretaría de Transportes). El propio Milei anticipó que la empresa Intercargo se termina. Paralelamente se supo que el oficialismo sigue avanzando con medidas para “romper el monopolio” de la empresa de servicios de rampa por la vía de la desregulación del sector, buscando sumar a nuevos operadores.
Desde APA denunciaron “enérgicamente” la ofensiva oficial e hicieron responsable por la crisis actual al Gobierno y al presidente de Intercargo Fernando Montes, quien “desde su asunción como presidente de la empresa nunca ha caminado las bases ni ha tenido contacto con los trabajadores”, «así como tampoco abrió un canal de diálogo”, pese a que el gremio viene reclamando desde marzo «por fallas operativas, falta de personal, despidos encubiertos, falta de inversión, reducción de horas extra y un salvaje desfasaje salarial”.
Respecto de los despidos, sostuvieron que los 15 cesanteados sufrieron una “represalia por ejercer sus derechos de protesta, con un ataque directo a los derechos laborales, que también busca intimidar y silenciar”. Al respecto, desmintieron las acusaciones oficiales sobre el presunto secuestro de pasajeros y afirmaron que «constituye una manipulación de la realidad”.
Tras denunciar intenciones de “vaciamiento” de la empresa para “entregarla a los amigos “, concluyeron: “Esta actitud prepotente y provocadora por parte del Gobierno deja en claro que ningún trabajador de Intercargo se verá obligado a atender un vuelo con un personal policial al lado. No somos delincuentes ni terroristas como pretenden presentarnos ante la sociedad, somos trabajadores en busca de mejorar las condiciones de trabajo y un salario justo que nos permita vivir con dignidad”.
